Un japonés, absuelto el año pasado en un nuevo juicio por un caso de cuádruple asesinato en 1966, presentó una demanda el jueves solicitando una indemnización de alrededor de 600 millones de yenes (3.9 millones de dólares) a las autoridades estatales y locales, según informaron sus abogados.

La cantidad reclamada por Iwao Hakamata, de 89 años, quien pasó casi medio siglo en el condenado a muerte, es la mayor en una demanda estatal de indemnización relacionada con un nuevo juicio que resultó en una absolución, según los abogados.

En la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Shizuoka, sus abogados buscan examinar cómo se produjo su condena injusta y determinar la responsabilidad.

Hakamata no tiene previsto hacer declaraciones durante el juicio, ya que padece síndrome post-encarcelamiento y tiene dificultades para comunicarse.

Su hermana Hideko, de 92 años, quien compareció en las audiencias judiciales en su nuevo juicio en representación de su hermano, publicó un video el jueves en el que afirmaba que «es necesario allanar el camino» para quienes luchan contra condenas injustas. En el fallo emitido el 26 de septiembre del año pasado, el tribunal de distrito determinó que los investigadores habían falsificado pruebas, incluyendo cinco prendas que Hakamata supuestamente llevaba puestas durante el incidente. 

El fallo se dictó definitivamente el 9 de octubre del año pasado.

El exboxeador profesional era empleado interno de una fábrica de miso, cuando fue arrestado en 1966 por el presunto asesinato del director general de la empresa, su esposa y dos de sus hijos. Fueron encontrados muertos por puñaladas en su casa de la prefectura de Shizuoka, la cual había sido incendiada.

Acusado de asesinato, robo e incendio provocado, su sentencia de muerte se dictó definitivamente en 1980.

En la demanda de indemnización, sus abogados argumentarán que, además de la falsificación de pruebas clave, se produjeron interrogatorios ilegales, ocultación de pruebas y veredictos erróneos.

El monto de la demanda presentada contra el gobierno central y el de la prefectura de Shizuoka incluye los ingresos que Hakamata podría haber obtenido durante su encarcelamiento y una compensación por el sufrimiento causado por el temor a la ejecución durante muchos años.

También incluye una indemnización por la angustia sufrida tras su liberación en 2014, ya que continuó padeciendo el síndrome post-encarcelamiento. Sin embargo, al calcular la suma reclamada se dedujeron alrededor de 217 millones de yenes en concepto de indemnización penal que recibió del estado en abril, según informaron los abogados.

Hakamata presentó una demanda por separado contra el estado el mes pasado, solicitando una indemnización de aproximadamente 5.5 millones de yenes por difamación a raíz de una declaración de la fiscal general Naomi Unemoto en la que afirmaba que la sentencia absolutoria era inaceptable.