Una enmienda al Código Penal japonés, que hacer de su prioridad que las prisiones en Japón opten por rehabilitar en lugar de castigar, entró en vigor el pasado domingo 1 de junio, marcando la primera vez que se modifican las formas de castigo bajo las leyes penales japonesas, las cuales tenían más de un siglo de antigüedad en vigencia.

El encarcelamiento ya no se divide en categorías de trabajo forzoso y trabajo penitenciario, y el trabajo penitenciario ya no es obligatorio para los reclusos, lo que permite dedicar más tiempo a la orientación y educación rehabilitadoras para reducir la reincidencia, según el Ministerio de Justicia.

La ley revisada, que afectará a las personas condenadas a partir del domingo, estipula nuevamente que el encarcelamiento consiste en «reclusión en una institución penal» y que los reclusos pueden ser asignados a realizar «trabajos necesarios» o recibir «orientación necesaria» para su rehabilitación y mejoría.

Antes del cambio, el tratamiento de los reclusos se basaba principalmente en la probabilidad de reincidencia, lo que podía reprimir a un ladrón reincidente de tiendas y a un miembro del crimen organizado (yakuza) bajo el mismo castigo.

El nuevo sistema de prisiones en Japón establece 24 programas que buscan rehabilitar los cuales adaptados según la edad, las características y otros factores de cada recluso, incluyendo un programa de Cuidado Diario para Personas Mayores, dirigido a personas de 70 años o más que padecen demencia, y un programa de Rehabilitación de Adicciones dirigido a personas con problemas de adicción a las drogas.

Otros programas están dirigidos a personas de entre 20 y 26 años, y a quienes enfrentan penas de prisión de al menos 10 años.

Se espera que los reclusos mayores puedan concentrarse más en el mantenimiento de sus funciones físicas y cognitivas en lugar de realizar las tareas penitenciarias habituales, mientras que los reclusos más jóvenes se someterán a un programa que les permitirá reincorporarse a la escuela tras salir de prisión, según afirma el ministerio.

Los reclusos serán enviados a prisiones que ofrezcan programas adecuados. Su situación se revisará cada seis meses, lo que les permitirá cambiar a diferentes programas de tratamiento si es necesario.

El Código Penal de Japón se promulgó en 1907. La legislación para implementar el último cambio fue promulgada por el parlamento en 2022.